ONU urge terminar con esterilización forzada de mujeres con discapacidad

26 octubre, 2017

Foto ONU/Amanda Voisard La compañía neoyorquina de danza moderna Heidi Latsky Dance actúa en vestíbulo de la Sede de la ONU

La esterilización forzada y otros procedimientos que infringen la integridad sexual y reproductiva son parte de un patrón de “violencia sistémica” ejercida contra niñas y mujeres jóvenes con discapacidad, y debe ser erradicada sin demora.

Eso fue el mensaje de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas, que presentó ayer un informe a la Asamblea General de la ONU.

“Ya no podemos ignorar las prácticas generalizadas de esterilización forzada, aborto forzoso y anticoncepción forzada infligidas a niñas y mujeres jóvenes con discapacidad en todo el mundo”, dijo Devandas.

“Las leyes y políticas discriminatorias están socavando el derecho fundamental de las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad a ejercer su derecho a elegir y controlar sus cuerpos, violando su integridad y privándolas de dignidad, al tiempo que promueven los intereses de los profesionales y cuidadores”.

La Relatora Especial dijo que los Estados no protegen a las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad del dolor escandaloso y del daño irreversible que se les inflige bajo la apariencia de “mayores intereses”.

La esterilización, las histerectomías, los tratamientos de estrógenos y otros procedimientos se llevaban a cabo contra su voluntad a pedido y con el consentimiento de jueces, profesionales de la salud, familiares o tutores legales, dijo.

Los delitos contra la integridad sexual y la salud reproductiva de las niñas y las jóvenes con discapacidad persistían y eran tolerados por la indiferencia de la sociedad o incluso por la trivialización de estas graves violaciones de los derechos humanos, dijo Devandas.

La Relatora Especial instó a los Estados a poner fin aa esta “violencia sistémica” aplicando plenamente el marco de derechos humanos a las preocupaciones de las niñas y las jóvenes con discapacidad.

“Los Estados deben derogar inmediatamente toda la legislación que permita cualquier procedimiento que afecte la salud y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres jóvenes sin su consentimiento libre e informado”, dijo el Relator Especial.

La educación sexual y los servicios de salud deben ser accesibles para todas las mujeres y niñas con discapacidad, para aumentar la sensación personal de control y facilitar la toma de decisiones autónoma, agregó.

“Las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad pueden desarrollar su propia identidad y todo su potencial solo cuando se satisfacen sus necesidades y cuando se sienten seguras”, enfatizó Devandas.

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  • Javier Valdez

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