ONU exhorta a México proteger independencia de los medios

24 abril, 2018

AFP

Expertos de Naciones Unidas y CIDH exhortaron hoy el Estado mexicano a proteger la independencia de los medios en nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial. En un comunicado de prensa, expresaron  su preocupación que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para la publicidad oficial. 

“Miembros del gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”, manifestaron Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión.

Los expertos de derechos humanos exhortaron a las autoridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.

Los expertos resaltaron que “México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos”.

En una decisión histórica, el 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. La legislación propuesta presentada al Congreso procura cumplir con esta orden. De acuerdo con la información disponible, la Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó este proyecto de ley el 10 de abril, en un proceso caracterizado por la falta de consulta significativa con la sociedad civil y otros actores interesados. El proyecto de ley está en discusión en el Senado, donde varios legisladores han solicitado cambios.

En su informe preliminar al finalizar su visita oficial conjunta a México, el pasado mes de diciembre, los dos expertos recibieron con beneplácito la decisión de la Suprema Corte e instaron al Congreso mexicano a “no solo a adoptar normas claras y públicas que rijan la publicidad oficial y que aseguren la presentación de informes de forma regular y específica, sino que también desarrollen un plan para limitar de forma progresiva este tipo de gastos, en consulta con la sociedad civil y los expertos pertinentes”.

En su último pronunciamiento, los expertos indicaron: “Nos preocupa que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.

Además, resaltaron que “es esencial contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de  evitar el abuso y el gasto excesivo”, afirmaron los expertos.

“La ley debe prohibir claramente el uso la publicidad oficial para fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios y además debe establecer mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo”, indicaron.

 “Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento de la ley. La ley debe contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados”, enfatizaron.

 “Valoramos las nuevas discusiones en el Senado y exhortamos a los legisladores a llevar a cabo una reevaluación de la legislación propuesta realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil y otros actores interesados para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos”, dijeron los expertos.

El Sr. David Kaye (EE.UU.) fue designado como Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión en agosto de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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