La tortura funciona como castigo a la pobreza, afirman expertos en la 2nda Conferencia de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

27 abril, 2018

Foto: Benjamín Fernandez Ernesto López Portillo Vargas, Araceli Olivos Portugal y Octavio Amezcua Noriega en la 2nda Conferencia de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La tortura, generalizada en México, sirve para criminalizar a los más marginalizados, y se perpetúa por falta de mecanismos democráticos en las detenciones, afirmaron tres defensores de los derechos humanos, ayer en la 2nda Conferencia de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, estipula el Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales”, precisa el Artículo 3 de la Declaración de la ONU sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Sin embargo, el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez,  durante su visita a México en 2014, afirmó que la tortura en México es generalizada. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación, sostuvo en el Museo de Memoria y Tolerancia.

En el mismo lugar, tres expertos en materia de tortura expusieron sus hallazgos, ayer 26 de abril, en la ocasión de la 2nda Conferencia de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizada por el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), junto con la Universidad Iberoamericana.

Una “criminalización de la pobreza”. 

Octavio Amezcua Noriega, experto en tortura en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ONU-DH), recordó que en México más de la mita de los encarcelados reportan haber sido torturados en prisión.

Así que “hablar de tortura en México es hablar de la profunda disfuncionalidad de la justicia mexicana”, dijo. La tortura es la causa y el efecto de esa disfuncionalidad, aseveró. Es la manera en que se resuelven casos, y que se miente a la sociedad sobre la delincuencia, explicó.

En su reporte “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la ONU-DH reveló en marzo un patrón de uso de la tortura durante la investigación sobre la desaparición de cuarenta y tres estudiantes en 2014.

“Entre mayor marginalidad, mayor posibilidad de que encontramos tortura”, añadió Amezcua, es una “criminalización de la pobreza”. 

La tortura expropia el poder de una persona sobre su propia vida, expresó. “Son un mar de cristal roto”, dijo, y llevan sus afectaciones hasta su comunidad.

 

Patrones de torturas sexuales en las fuerzas públicas

Araceli Olivos Portugal, abogada litigante del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, abordando la tortura sexual, confirmó que la tortura es la manera que el Estado usa para “castigar a través del cuerpo”.

Olivos Portugal presentó estudios del Centro Pro que evidencian patrones de torturas sexuales que se repiten de manera innegable en las fuerzas públicas – policía federal, estatal y federal, así que las fuerzas militares en toda la República. Lo que demuestra una herencia común o quizás una formación al uso de la tortura.

“La dignidad humana es la base del Estado de derecho”,  dijo al concluir su presentación.

Como democratizar la justicia en México?

“La tortura es la concepción de un estado autoritario”, coincidió Ernesto López Portillo Vargas,  el Secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. 

Como democratizar la justicia en México? A la cuestión del Director del CINU y moderador de la conferencia, Giancarlo Summa, Lopez Portillo contestó que necesitamos una reforma democrática de la policía, para controlar el uso de la fuerza, y exigir registros de detenidos..

López Portillo planteó el problema de la independencia de la justicia en el país: “No hay mecanismos que permiten verificar los procesos de detenciones”, afirmó. “Invertimos mucho en la construcción de la ley, pero no en el control de sus aplicación.”

La tortura, aclaró, se perpetúa por falta de acceso a la información sobre la detención. En efecto, sostuvo, no podemos comprobar que no funciona la ley porque no  se puede intervenir en las detenciones. “Hay tortura porque alguien se siente en derecho de usar de la tortura”, aseveró.

La conferencia fue organizada con ocasión de los 70 años de La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (firmada el 10 de diciembre de 1948 en París), y de los 34 años de vigencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, que reúne ya 155 ratificaciones.

 

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